Balance
sobre el Componente Social del Plan Colombia
A partir de julio de 2000, el Putumayo se convierte en epicentro del
Plan Colombia por contener el 54% del área cultivada en coca de Colombia
(60.000 hectáreas), 30.000 pequeños productores de una a cinco hectáreas y una
población flotante de 50.000 personas relacionadas con el cultivo y
comercialización de la misma (ANUC Putumayo, Agosto 2001). Por otra parte este
departamento con presencia guerrillera de larga data ve la llegada de los
paramilitares a partir de 1998 y con ellos la competencia entre estos grupos
por territorio, regulación del mercado de la coca, y por lo tanto, por los
impuestos o gramaje que paga la población que allí habita. El departamento del
Putumayo, llena entonces los requisitos de la Misión central del Plan Colombia:
“asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la ley; garantizar la
soberanía nacional sobre el territorio; proteger al Estado y a la población
civil de las amenazas provenientes de los grupos alzados en armas y de las
organizaciones criminales; romper los lazos existentes entre estos grupos y la
industria de la droga que los apoya.” (Contraloría General de la República,
Agosto de 2001). Se proyectó a dos años la acción del Plan Colombia en este
departamento, tiempo que se cumple este año. A continuación trataré de evaluar
la acción social del Plan Colombia en el departamento del Putumayo[1].
Cuatro son los componentes centrales
del Plan Colombia:
1) Solución política negociada al
conflicto
2) Recuperación económica y social
3) Fortalecimiento Institucional y
Desarrollo Social
4) Iniciativa contra el narcotráfico
Son el segundo y tercer
programas los que conforman el componente social del Plan Colombia, financiados
a través del Fondo de Inversión para la Paz (FIP). El programa de recuperación
económica y social, concebido como de corto plazo, ha invertido un total de 1.8
billones de pesos en los programas de Empleo en Acción, Familias en Acción y Jóvenes
en Acción en todo el país. En el programa de Fortalecimiento Institucional y
Desarrollo Social de mediano y largo plazo, se han invertido $4.2 billones de
pesos, tanto en programas específicos para la paz en Putumayo, Sur de Bolívar y
Caquetá, como en el país en general a través de los programas Vías para la Paz,
Campo en acción, Gestión Comunitaria, Atención Humanitaria, Transparencia y
Convivencia, Derechos Humanos y DIH. (http://www.plancolombia.gov.co/contenido/avances_consolidados/avances.html
)
El programa Obras para la Paz que
consiste en vías rurales, puentes, vías urbanas, saneamiento básico, electrificación
y salud, en zonas en conflicto, se ha venido desarrollando principalmente en el
Putumayo, en el Sur de Bolívar y finalmente en el Caquetá. Mientras que en el
Putumayo hasta septiembre de 2002 se habían invertido $32.400 millones con
340.000 beneficiarios en los 13 municipios a través de 49 proyectos en
ejecución, en el Caquetá, sólo se habían invertido $859 millones con 28.000
beneficiarios y con una cobertura de un solo municipio, San Vicente del
Caguán, con proyectos centrados en vivienda y vías. En el Sur de Bolívar se
habían invertido hasta la misma fecha $6.700 millones, en 4 municipios (San
Pablo, Cantagallo, Santa Rosa y Simití) con 105.000 beneficiarios y 24
proyectos en ejecución, en infraestructura, educación así como en líneas
de trabajo de Atención Humanitaria, Derechos Humanos y DIH, Transparencia y
Convivencia, en el marco de la cual se llevan a cabo titulación de tierras y
prevención de la violencia y el delito. En el Putumayo también se han invertido
dineros en todas estas líneas de trabajo, pero la inversión central ha sido en
el desarrollo de los Pactos Sociales de Erradicación Voluntaria como se
analizará más adelante.
Los tres instrumentos principales
del Plan Colombia para la financiación han sido: el Fondo de Programas Especiales
para la Paz, creado mediante la Ley 368 de 1997 como una cuenta especial del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cuyo
objeto es la financiación de programas de Paz encaminados a fomentar la
reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas y fue el que se
utilizó para llevar a cabo las negociaciones durante el gobierno de
Pastrana por un monto cercano a los $20.000 millones de pesos.
El Fondo de Inversión para la Paz
(FIP) creado por la ley 487 de 1998 y reglamentado por el decreto 1813 de 2000,
como un fondo cuenta del mismo Dapre. Según el Acuerdo No. 03 de 2000 se
adoptan los lineamientos del Componente de Fortalecimiento Institucional y
Desarrollo Social del Plan Colombia, cuya misión es contribuir a generar
condiciones para la construcción de la paz impulsando proyectos coordinados de
desarrollo alternativo regional, construcción de capital social, protección del
capital humano y el medio ambiente que permitan un desarrollo integral (económico,
social, cultural y político) equitativo, democrático y participativo. Los
dineros del Fondo FIP provienen de los siguientes recursos: Bonos de paz,
creados por la Ley 487 de 1998, aportes del Presupuesto General de la
Nación, Donaciones públicas o privadas, previa incorporación al Presupuesto
General de la Nación, recursos del crédito que contrate el Gobierno Nacional,
Aportes provenientes de la cooperación internacional, previa incorporación al
Presupuesto General de la Nación.
El tercer fondo es el Plante o Plan
Nacional de Desarrollo Alternativo –PNDA, creado mediante el Decreto 472 de
1996, como un fondo cuenta del mismo Dapre y que ha estado encargado de
desarrollar proyectos alternativos a los cultivos de uso ilícito en el país. El
Plante ha venido trabajando con recursos del Presupuesto Nacional así
como con presupuesto proveniente de donación y cooperación internacional
independientes de los dineros asignados al Plan Colombia. Para inversión en el
Putumayo de proyectos productivos y de fortalecimiento institucional de mediano
y largo plazo en el 2002 se apropiaron $602.2 millones de pesos de recursos del
presupuesto nacional Plante-BID. De los dineros de USAID se apropiaron
$11.812.5 millones de pesos para Proyectos de Mediano y Largo Plazo no comprometidos
con el Programa de Iniciativas Locales para el Desarrollo Alternativo y la
Erradicación Temprana -PILDAET, que se analizará más adelante.
En Agosto de 2001 la Contraloría
reporta que: el 15% del Plan Colombia se financia con recursos internos; del
total del Plan Colombia, el 58% corresponde a endeudamiento de la Nación y la
ayuda de los Estados Unidos representa el 41.9%, de la cual en un 75% se
destina directamente contra el narcotráfico. Esta ayuda de Estados Unidos se
ejecuta directamente por agencias norteamericanas. El Putumayo absorbe el 20%
del total, mientras que los gastos a escala nacional alcanzaron el 80%. Para la
Contraloría no resulta muy coherente que la participación del gasto se
encuentre concentrada en el nivel nacional cuando los puntos neurálgicos están
claramente determinados en 5 departamentos: Putumayo, Guaviare, Norte de
Santander, Caquetá y Bolívar. Este señalamiento se vuelve a hacer en el balance
que presenta la Contraloría en julio de este año, en cuanto a las acciones de
orden social y económica realizadas: se insiste en que los programas no han
tenido una equitativa distribución regional y concluyen diciendo que “resulta
curioso, por decir lo menos, que las acciones sociales se adelantan en las
grandes ciudades y departamentos que en las regiones donde el conflicto armado
y la presencia de cultivos ilícitos son más agudos” (Contraloría General de la
República, Julio de 2002) y se reitera que según los objetivos básicos del Plan
Colombia los recursos deben destinarse a aquellos lugares donde el narcotráfico
y la violencia sean los problemas principales
Desde las marchas de 1996,
se hizo evidente la voluntad de erradicación manual y gradual de la coca
manifestada por los colonos en la mesa de negociación, posición que se ha
sostenido hasta el presente a pesar de la negativa del gobierno a negociar la
gradualidad de la erradicación. Como condición para erradicar se insiste en que
el Estado se comprometa con ellos a plantear proyectos productivos sustentables
a largo y mediano plazo. Es en este contexto y en respuesta a la política de
fumigación aerea promovida por Estados Unidos en el marco de la guerra contra
las drogas y que se retoma con intensidad a fines del año 2000[2], que los
habitantes del Putumayo proponen los pactos sociales de erradicación manual de
los cultivos de coca. Esta iniciativa de pactos parte del Consejo
Municipal de Desarrollo Social de Puerto Asís, contando con la participación de
líderes de los municipios, funcionarios de instituciones gubernamentales,
alcalde y el gobernador entre otros. Es una propuesta que presentan los
habitantes de la región como respuesta al Plan Colombia y es entregada al
gobierno el 25 de Julio de 2000 en Puerto Asís, cuando representantes del
gobierno central (directora del Plante y otros 23 funcionarios) viajan a
plantear en la región las implicaciones del Plan Colombia. En palabras del
Alcalde de Puerto Asís “ahí les presentamos un documento en el que se decía que
queríamos un Putumayo sin coca, no a la fumigación y si a la erradicación
manual” Es así como el 2 de diciembre de 2000 se inició la firma de pactos de
erradicación manual en Puerto Asís con las veredas pertenecientes al
Corregimiento de Santa Ana, y el 15 de Enero con las inspecciones de Caña
Brava, Danubio y Puerto Asís.
El primer “Pacto de Erradicación Voluntaria y
Desarrollo Alternativo firmado en Santa Ana y que se convierte en esquema para
los demás pactos, incluye acuerdos en: 1) Proyectos de Seguridad Alimentaria y
Comercialización. 2)Proyectos de Mediano y Largo Plazo 3) Proyectos Veredales
Complementarios [tales como construcción de vías, acueductos,etc., que aun
cuando no forman parte integral de los pactos se presupone se van a realizar
paralelamente como parte de los dineros de inversión del presupuesto nacional y
municipal] 4) Capacitación y Asistencia Técnica [esta es una demanda
reiterativa al Estado, por cuanto se insiste en que se requiere del
acompañamiento de los técnicos de la UMATA en todos los procesos productivos
que se instauren] 5) Administración y Manejo de los Recursos 6) Control social,
veeduría, seguimiento y verificación y 7) Tiempos de erradicación (Pacto Social
de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria del Corregimiento de Santa
Ana. Acta de Compromiso, Puerto Asís, Diciembre 2 de 2000)
Los
recursos destinados para los pactos por el gobierno nacional son manejados por
las siguientes ONGs que ganaron el concurso convocado para tal fin por el FIP:
Fundaempresa (Puerto Asís y Puerto Leguízamo); Codesarrollo (Valle del
Guamuéz); Vida y Futuro (Orito y San Miguel); Fundación Restrepo y Barco
(Puerto Caicedo y Villagrarzón) y Fundacomercio (Mocoa, Puerto Guzmán y Puerto
Leguízamo). En la región se siente mucho malestar por la adjudicación de
contratos por fuera de la región, desconociendo el capital social de la misma,
como son los técnicos que han salido a estudiar y regresan a trabajar. A través
de los pactos sociales de erradicación voluntaria los campesinos e indígenas se
comprometen a erradicar sus cultivos de coca en el término de un año contado a
partir del primer desembolso de los primeros recursos por parte del Estado,
consistentes en $2.000.000 para seguridad alimentaria representados en
semovientes, insumos, herramientas, etc. Aun cuando los pactos surgen de
la gente en la región su propuesta inicial es replanteada por el gobierno de
acuerdo con la urgencia de erradicación que está en el centro de la política de
Estados Unidos de guerra contra las drogas. Es así como los campesinos
proponían tal como lo habían hecho durante las mesas de negociación de 1996, un
tiempo de erradicación gradual entre dos y cinco años, con un valor mayor para
seguridad alimentaria que debería ser entregado en efectivo y no en especie,
considerando que ellos podían decidir en qué invertirlos y sobre todo proponen
la creación de un Fondo Rotatorio o algún mecanismo que asegurara la compra de
los cultivos alternativos. Sin embargo el gobierno insistió en entregar en
especie la seguridad alimentaria para evitar una destinación desviada del
dinero. Los representantes del gobierno encargados de firmar los pactos,
insisten en que sus términos son innegociables y señalan además que al hablar
de pactos está implícito que son acuerdos a los que se ha llegado previamente y
por lo tanto, en ningún momento se puede plantear negociación. Además si no se
firman se les amenaza con la fumigación, política que impone Estados
Unidos..
Como resultado, se firmaron 31
pactos sociales de erradicación con campesinos cobijando 800 veredas y
aproximadamente 25.000 familias y dos pactos sociales con el sector indígena:
un acuerdo mutuo llamado “Raíz por Raíz” que cobijó a 128 cabildos
representantes de 12 pueblos indígenas, 7.186 familias y uno especial con el
pueblo Kofán, que incluye 1.134 familias. Estos dos acuerdos indígenas se
firmaron en julio de 2001 y a diferencia de los pactos campesinos que han sido
financiados por el FIP estos han recibido sus dineros directamente de USAID a
través de Chemonics International Inc – una ONG operadora de Estados Unidos-
que a su vez contrata ONGs nacionales y locales como Cecoin (Puerto Guzmán,
Mocoa y Villa Garzón), Vida y Futuro (Orito y Puerto Caicedo), Fundaempresa
(Puerto Asís y Puerto Leguízamo) y Fundación ZIO-AI (Valle del Guamués, San
Miguel) esta última para el caso del Acuerdo del pueblo Kofán, contratadas por
Chemonics. El Acuerdo Raíz por Raíz se firmó por un monto de 38.090 millones de
pesos y el del pueblo Kofán por 1.134 millones de pesos.
La población objeto de los pactos se
encuentra en nueve municipios del departamento del Putumayo: Mocoa,
Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguízamo,
Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y cabildos indígenas. Los pactos sociales
de erradicación han sido financiado por recursos FIP y el Plante se ha
encargado, a partir del último trimestre del año 2000, de acompañar
técnicamente esta estrategia liderada por el Consejero Presidencial para la
Convivencia Ciudadana, Gonzalo de Francisco. Un total de 61.986 millones de
pesos en proyectos y recursos fueron girados a diciembre de 2001 para la
Seguridad Alimentaria de los pactos, de la siguiente forma:
Area de intervención |
Total en millones de pesos |
Villa Garzón-Puerto
Caicedo |
9.560 |
Valle del Guamuéz |
10.166 |
Orito y San Miguel |
14.080 |
Mocoa, Puerto Guzmán,
Pto. Leguizamo |
14.080 |
Puerto Asís, Puerto
Leguízamo (río Putumayo) |
14.080 |
Total |
61.986 |
A finales de Julio de 2002 el gobierno saliente
dio por terminado de forma arbitraria el programa de Pactos de erradicación
manual, cuando todavía no se había terminado con la distribución total de la
seguridad alimentaria. A julio 29 de 2002 se habían atendido 19.400 familias de
un total de 25.400 familias campesinas que habían firmado pactos de
erradicación y los recursos de Seguridad Alimentarias la fecha se habían
entregado en un 63% (un total de 31, 289,947.125 millones de pesos ) sin que se
hubieran iniciado proyectos de inversión de largo y corto plazo, tal como se
había pactado inicialmente.
USAID, principal fuente de financiamiento para proyectos
alternativos en el Putumayo, a partir de las lecciones de Bolivia y Peru
sostiene que “las demandas de desarrollo alternativo son efectivas siempre y
cuando el gobierno muestre un fuerte compromiso con las
medidas contranarcóticas integrales y con la asistencia por largo tiempo de los
Estados Unidos” (para el caso de Perú y Bolivia enfatiza dos décadas de ayuda
financiera). Se afirma así que sin interdicción y erradicación los campesinos
no abandonarán el cultivo de coca, un cultivo fácil y con mayores beneficios en
comparación con otros cultivos menos lucrativos y más difíciles de cultivar, y
mucho menos iniciarán la búsqueda de un empleo legal (General Accounting Office
Report, Drug Control, Febrero 2002).
Se insiste también en la coordinación del
desarrollo alternativo con las labores de interdicción y erradicación y
en que se debe monitorear la ejecución de los acuerdos de erradicación
voluntaria. Sin embargo, USAID señala en primer lugar, que el Plan Nacional de
Desarrollo Alternativo no tiene capacidad para este monitoreo por tratarse de
una entidad débil y su financiamiento para proyectos de desarrollo alternativo
no esta asegurada, además de que los sitios de desarrollo de los proyectos se
caracterizan por pobreza de suelos y pobre infraestructura[3]. En segundo
lugar, parte de que no hay control y seguridad del gobierno
colombiano en áreas donde se desarrollan proyectos productivos, lo cual limita
su habilidad para llevar a cabo las operaciones de interdicción
sostenidas así como su habilidad para coordinar efectivamente las actividades
de erradicación y desarrollo alternativo. Son estas consideraciones centrales
las que van a explicar la estrategia de acción que USAID implementa en el
Putumayo.
Después de la aprobación en Julio de 2000 de la
financiación del Plan Colombia, USAID empezó a proponer desarrollo alternativo
en áreas de cultivo de coca con el fin de complementar los planes de
erradicación e interdicción del Plan Colombia. USAID ya estaba trabajando en
lugares con cultivo de amapola y con el objeto de erradicar 3,000 hectáreas de
amapola para el final del 2002, había realizado un contrato a Chemonics
International Inc.-una ONG operadora de Estados Unidos-, en Junio del 2000 por
un valor de $10 millones de dólares. Chemonics debía asistir al PNDA en Cauca,
Huila, Tolima y Nariño, pues a partir de su balance, USAID tiene como objetivo
fortalecer el PNDA en cuanto a tecnología de información, responsabilidad
financiera, telecomunicaciones y relaciones públicas. USAID entra al Putumayo y
Caquetá y destina $1 millón de los $10 millones de Chemonics.
En Abril de 2001 usando fondos del Plan
Colombia, USAID destinó $87.5 millones, un contrato a 5 años con Chemonics para
supervisar, administrar y llevar a cabo actividades de desarrollo alternativo
en las áreas de cultivo de coca en el Putumayo y Caquetá. A la fecha Chemonics
ha programdo $42.5 de esta cifra. De estos $42.5 millones programados de fondos
del Plan Colombia, hasta ahora solo se ha gastado $4.4 millones o sea el 10%.
Combinados se han gastado $5.6 millones, alrededor de 11% de los 52.5 millones
del total de los fondos disponibles. Los funcionarios de USAID prometieron
acelerar el gasto en el 2002 para lograr a finales del 2002 haber invertido
$31.8 millones, correspondientes a los proyectos de mediano y largo plazo
propuestos por las 5.000 familias firmantes del Programa de Iniciativas locales
para el Desarrollo Alternativo y la Erradicación Temprana –PILDAET en el
Putumayo. Hasta Julio de 2002, se habían comprometido$17.696 millones de pesos
en este programa.
En el Putumayo, los recursos de USAID de 39.800
millones de pesos correspondientes al programa PILDAET, se invierten a través
de Chemonics, que contrata ONGs locales como Huairasachac (Orito), Comfamiliar
(Valle del Guamuez). Maloca (Mocoa, Puerto Guzmán) y otras que ya están
realizando trabajo en la zona como Fundaempresa (Puerto Asís y Puerto
Leguízamo), Restrepo Barco (Puerto Caicedo y Villa Garzón) y Vida y Futuro (San
Miguel) para administrar los recursos y llevar a cabo los proyectos en el
sector campesino. En este caso se busca subsanar en cierta medida la queja de
los profesionales de la región en cuanto a no tenerlos en cuenta como recurso
humano calificado capaz de administrar recursos y además conocer la región, y
se contratan tres ONGs locales: Huairasachac, Comfamiliar y Maloca. Como se
anotó, algunas de estas y otras diferentes se contratan para trabajar con
el sector indígena[4].
Este programa surge en el contexto de los
Pactos de Erradicación Manual, como respuesta a la falta de promoción de
proyectos productivos alternativos de mediano y largo plazo, Aunque en los
pactos se contempla la elaboración durante el año de dichos proyectos, la
entrega de los recursos de seguridad alimentaria copó mas del año contemplado
como plazo para la erradicación.. Dice al respecto el funcionario del Plante en
Puerto Asís, que fue un error político enfatizar tanto los recursos de
seguridad alimentaria, pues los proyectos pructivos quedaron subsumidos a
estos, aun cuando figuran en todos los pactos sociales como prioritarios. Por
otra parte los proyectos de infraestructura no quedaron contemplados como parte
de los dineros invertidos en los pactos pero el gobierno insiste en que estos
están siendo financiados paralelamente, a través de recursos del programa Obras
para la Paz y de los proyectos complementarios que financia el Plante. En
proyectos complementarios en el Putumayo se han invertido hasta la fecha
$29.710 millones de pesos correspondientes a recursos AID-FIP-BID.
Los Acuerdos de Erradicación temprana son en
principio promovidos por el Gobernador del Departamento a través de la
Secretaría de Agricultura; la Gobernación invierte 5.000 millones de pesos para
empezar (Entrevista a funcionario del Plante Septiembre 2002), buscando
acelerar el proceso de erradicación manual con miras a satisfacer a Estados Unidos,
cuando se empieza a poner en duda el compromiso real de los campesinos con la
erradicación manual y sobre todo para evitar las fumigaciones indiscriminadas y
masivas. Según un funcionario local entrevistado, el gobernador y los alcaldes
inician este programa en Orito y Valle del Guamués, donde se había presentado
una segunda fumigación a principios del 2002, cuando todavía no se había
cumplido un año de la firma de los pactos en estos municipios.
Se crean entonces los Fondos Municipales de
Desarrollo Alternativo con dineros aportados por la Agencia de Desarrollo de
Estados Unidos, USAID. A partir de las consideraciones anotadas por USAID en
cuanto a la fragilidad del Plante y su imposibilidad de monitorear la
erradicación exigida en los pactos, sumado a la idea de la alta corrupción y
lentitud en la ejecución de los recursos por parte de la burocracia del Estado,
USAID financia directamente los proyectos a través de ONGs operadoras, sin que
los recursos entren a los Fondos del Gobierno, tales como el FIP o el PLANTE.
Esta financiación directa, puede atentar contra la soberanía en cuanto a la
toma de decisiones autónomas frente a Estados Unidos en cuanto al manejo del
problema de los cultivos de uso ilícito y la política antidrogas. Para lograr
alguna supervisión de los fondos y proyectos en ejecución, se constituyen
Consejos Municipales de Desarrollo Alternativo –CMDA, conformados por el
Alcalde Municipal, El Coordinador Regional del PNDA, un representante por cada
pacto social firmado en el municipio, un representante del Gobierno
Departamental, un representante de la ONG operadora y de cualquier otra ONG que
pueda ser diferente a ésta pero que sea operadora de pactos y el Personero
Municipal como veedor. Aunque se exige que no se puede prescindir del representante
del PNDA y del Alcalde Municipal en las sesiones, los dineros son de USAID
manejados por ONGs particulares, de manera que se han presentado problemas en
cuanto al cumplimiento de esta supervisión del PNDA.
En la práctica USAID a través de las ONG
contratantes es autónoma para desarrollar proyectos, tal como lo muestran las
quejas de los funcionarios del PNDA, por cuanto no pueden cumplir su función
como responsables de hacer el seguimiento al proceso previo de ejecución de los
proyectos garantizando el cumplimiento de los lineamientos trazados por el
Fondo Local de Desarrollo Alternativo. En cuanto a los Comités de Veeduría que
se deben conformar por parte de la Comunidad, en situaciones de conflicto ha
sido difícil que permanezcan. Aún mas, se reportan proyectos retirados por
problemas de orden público. Finalmente cabe señalar que el CMDA tiene plena
autonomía para aprobar proyectos de hasta $200 millones de pesos, y para montos
entre $200 y $500 millones de pesos, requiere para su aprobación de
funcionarios del Plante y de Chemonics del nivel central.
Pueden hacer uso del Fondo tanto los campesinos
firmantes de los Pactos anteriores y aquellos que aunque no hallan firmado
antes “se agrupen en torno a una iniciativa local de erradicación inmediata”
(Documento Plante, 2001). Desde la perspectiva de los campesinos,
significa la pérdida de cualquier posibilidad de negociar la gradualidad de la
erradicación, uno de sus puntos centrales de negociación desde 1996, coherente
con la posibilidad real de afianzar un plan integral alternativo que tomaría
por lo menos cinco años de trabajo. Aunque se supone que la iniciativa de
erradicación temprana debe surgir de la comunidad, se exige que una vereda o
corregimiento se comprometan a erradicar el 100% de la coca para recibir el
desembolso de los recursos para financiar los proyecto. No se aceptan firmantes
individuales y además la erradicación debe hacerse en “áreas
representativas y verificables” (Documento Plante, 2001), para lo cual se
constituye un Comité de Verificación conformado por: un delegado de la
Defensoría del Pueblo, un delegado de la Policía Antinarcóticos, un
representante del Gobierno Nacional, un representante de la comunidad y una ONG
internacional. Es recurrente la queja de que debido al conflicto armado hay
lugares donde no se ha podido llevar a cabo la verificación, lo cual ha
legitimado que la Dirección Nacional de Estupefacientes continúe con la
fumigación indiscriminada, argumentando que sin verificación no se puede
certificar la disminución del número de hectáreas cultivadas y por ende, se
debe continuar fumigando. Según el Plante en Puerto Asís, para Julio 28
de 2002 y como resultado de este programa de Erradicación Temprana se
contabilizaban 5,117 hectáreas erradicadas de un total de 10.522.5 hectáreas
pactadas en el Consejo Municipal de Desarrollo Alternativo, aun cuando todas no
habían podido ser verificadas.
Como condición para que los
proyectos sean financiados, deben obedecer a propuestas alternativas viables
que beneficien a los habitantes de la vereda, estar enmarcados en los planes
municipales de desarrollo o los planes de Ordenamiento Territorial El programa
exige proyectos asociativos, calculando cinco millones de pesos por
familia, pero en la práctica por la premura del tiempo no se han
podido planear proyectos asociativos a largo plazo. Además los campesinos han
solicitado ganado y los funcionarios han decidido apoyar esta iniciativa por
ser la más rápida y sencilla de ejecutar. Sin embargo, el resultado ha sido la
inversión de los recursos en un 98% en ganadería, sin haberse hecho estudios de
impacto; sin embargo también resulta conveniente para el campesino, quien
termina recibiendo ganado individualmente o por familia, el cual
representa efectivo, en cuanto se puede vender en cualquier momento, en caso de
tener que salir de la región por agudización del conflicto armado. Son dos años
lo que se calcula de tiempo de trabajo de las ONGs para poner en funcionamiento
los proyectos productivos asociativos, pero al semestre se les pide resultados.
Existe una fuerte presión de Estados Unidos para ver resultados concretos que
se puedan medir en cuanto al número de hectáreas erradicadas y en cuanto a la
rapidez en la ejecución del dinero asignado, tal como se señaló, y se sigue amenazando
con la fumigación si no se cumplen los objetivos. Estas presiones no han
permitido desarrollar un trabajo integral y consistente a largo plazo que
permita a los campesinos sustituir definitivamente los cultivos de coca. Desde
el 28 de Julio se inició una intensa fumigación en los municipios de
Valle del Guamués, Puerto Caicedo y Orito[5] que afectó
proyectos alternativos productivos tanto en territorios indígenas como
campesinos. A la fecha, los indígenas habían erradicado manualmente 3.000
hectáreas de coca, de manera que el gobierno al fumigar estaba violando los
acuerdos firmados con el Plan de Desarrrollo Alternativo de la Presidencia de
la República (PNDA), tal como lo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo. En
el caso de los cultivadores de Palmito, les fumigaron 100 hectáreas de palmito
entre mediano y crecido, lo cual significa una pérdida para el campesino de 25
millones de pesos, si se tiene en cuenta que son cuatro cortes al año en
predios con una extensión promedio de 2 a 3 hectáreas por familia. Una hectárea
representa 1500 cogollos y 3 hectáreas 3.600. Este proyecto es uno de los que
el Plante considera como ejemplo en cuanto a la aplicación del Instrumento de
Apoyo a Grupos Asociativos y Comunitarios IAGAC: se trata de un proyecto
iniciado en 1994 en el municipio de Puerto Asís con la construcción de la
planta procesadora de palmito, la cual se puso en funcionamiento en mayo de
este año con una inversión de Chemonics para adecuación de planta y equipos.
Esta planta representa una inversión acumulada de $2.500 millones y tiene una
cpacidad de procesamiento de 18.000 palmitos diarios con un solo turno.El
proyecto lo ejecutan cinco asociaciones que conforman Agroamazonia y agrupa a
400 familias campesinas que hasta el momento han sembrado 111 hectáreas. Frente
a estos hechos, vale la pena preguntarse como lo hacen las comunidades
indígenas: “cuál gobierno es el que manda en nuestro país? El de la Policía
Antinarcóticas o el de la Presidencia de la República? … qué sentido tiene que
la Presidencia concerte con los Pueblos Indígenas un proceso de sustitución de
ilícitos y se realice una cuantiosa inversión, para que después con el mismo
recurso de la Presidencia se fumigue esa inversión? (Comunicado de la
Organización Zonal Indígena del Putumayo , septiembre 21 de 2002).
* Investigadora, Instituto
Colombiano de Antropología e Historia
[1] Hasta agosto 31 de 2001, el recurso
total para la ejecución del Plan Colombia era de US $2.097 millones y para
junio 30 de 2002 se pasa a US$2.457 millones. La diferencia de US$360 millones
se debe al crédito del BID por US$63 millones, para la construcción de
infraestructura social y gestión comunitaria; el aumento de la deuda interna de
bonos de paz, en US$191 millones; y la cooperación internacional de otros
países, especialmente los europeos, por US$106 millones (Contraloría General de
la República, julio de 2002).
[2] Entre el 22 de diciembre de 2000 y
el 12 de enero de 2001, se realizaron fumigaciones indiscriminadas que
afectaron no sólo cultivos de coca sino proyectos productivos y alimentos de
pan coger, en los municipios del Valle del Guamués (La Hormiga), San Miguel (La
Dorada) y Orito, lo cual obligó a los campesinos a firmar los pactos de
erradicación.
[3] Cabe señalar que para julio del
2002, los Municipios Plante sumaban un total de 96 localizados en 10 departamentos
de los 25 departamentos y 233 municipios con cultivos de coca y 6 departamentos
con 69 municipios con cultivos de amapola. Además cubre 15 resguardos indígenas
(Documento Plante, 2002) Las coordinaciones regionales se encuentran ubicadas
en San Pablo (Bolívar), Florencia, Popayán, Inírida, San José del Guaviare,
Neiva, Villavicencio, Pasto, Tibú, Puerto Asís e Ibagué (Informe Plante 2002).
[4] USAID desarrolla otros programas en
la zona que están estrechamente vinculados a los proyectos alternativos como
son el de fortalecimiento de los gobiernos Locales Democráticos (DLG) y la
atención a población desplazada (ID), además del programa de Administración de
Justicia a través de las Casas de Justicia (en Puerto Asís se inauguró en mayo
de este año una Casa de Justicia), el de Derechos Humanos y Anticorrupción.
[5] El Defensor del Pueblo en el Valle
del Guamués, Leandro Romo, afirmó que los campesinos se vieron afectados en su
salud (vías respiratorias) y calculó que alrededor de 200 familias campesinas y
siete comunidades indígenas resultaron afectadas por las fumigaciones. Para el
3 de Septiembre había recibido 35 solicitudes de indemnización de familias que
declararon tener sembrados sólo cultivos lícitos. Unas 170 familias pertenecían
a los pactos suscritos con la Fundación Huairasachac bajo la modalidad de
Erradicación Tempranna y la Fundación Vida y Futuro en el programa Raíz por
Raíz destinado a las comunidades indígenas. Un vocero de la Fundación
Huirasachac informó que se fumigaron 30 hectáreas de pastos para ganadería y
cultivos de yuca y plátano desarrollados con recursos del Plan Colombia. En
estas zonas, los campesinos ya habían erradicado más de la mitad de las plantaciones
de coca. El Defensor informó también de la salida de decena de campesinos de
sus fincas a los cascos urbanos de los municipios y hacia el Ecuador (El
Tiempo, Septiembre 6 de 2002).
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